Acabo de enterarme que el Consejo de Gobierno de Gasteiz ha aprobado esta mañana el Proyecto de Ley de Garantía del Derecho Ciudadano a una Vivienda Digna y lo he hecho via leolo (podéis descargar el texto completo desde su web).
Tanto desde mis responsabilidades laborales en el Euskadiko Gazteriaren Kontseilua como desde mi militancia socio-política-sindical el tema del derecho a la vivienda es algo que me viene ocupando desde hace varios años. Años en los que una de las líneas de trabajo ha sido la relación con el actual equipo responsable de la política de vivienda del Gobierno Vasco. Relación, como es lógico, que
ha estado llena de ambivalencias por ambas partes, pero que a día de hoy se mantiene.
Como supongo que mañana me tocará responder a numerosas preguntas (más o menos) maliciosas de medios de comunicación me quiero explayar un poco en torno a este proyecto:
1. Una primera de auto critica, y es que los movimientos sociales, en general, y los distintos agentes que trabajamos por el derecho a la vivienda no hemso sabido o podido empujar lo suficiente para convertir la problemática de la vivienda en una prioridad ineludible para los poderes públicos.
2. Esto no es, sin embargo, excusa para no acusar al gobierno tripartito de Gasteiz de haber incumplido de hecho uno de sus compromisos de legislatura como era este proyecto de ley. El Gobierno Vasco ha dejado bien a las claras esta legislatura cuáles eran sus verdaderas prioridades y solo tras la debacle interna en torno a la gestión de la consulta han querido maquillar su actuación remitiendo de manera apelotonada al parlamento numerosos proyectos de ley (juventud, servicios sociales, contra la exclusión socia,...) con mayor o menor fortuna.
3. Este proyecto de ley, si se aprobase en sus términos actuales, está lejos de garantizar en la práctica el derecho a la vivienda. Los avances que contiene no son suficientes para dar un vuelco a la concepción de la vivienda que se tiene en nuestro país. Ni se desmercantiliza el derecho, ni se somete éste a la tutela judicial, ni se obliga a los ayuntamientos, ni se establecen objetivos lo sufientemente ambiciosos.
4. Además de eso creo que no responde suficientemente a las bases sobre las que las organizaciones sociales construiríamos una política de vivienda, a saber:
- Derecho universal, individual, incondicional y sometido a la tutela judicial.
- Generación de un parque de viviendas públicas en alquiler de entidad suficiente para dar respuesta al conjunto de la demanda, desterrando de una vez por todas VPOs, Viviendas de Precio Tasado y demás artefactos discriminatorios y con fin recaudatorio.
- Intervención pública decidida y potente contra la persistencia de decenas de miles de viviendas vacías e infrautilizadas.
5. Tampoco satisface un cuarto pilar defendido por el Euskadiko Gazteriaren Kontseilua como es la generación de un Servicio Público de Vivienda que agrupe y coordine el conjunto de actuaciones públicas en la materia y que constituya un sistema de ventanilla única de cara a la satisfacción de este derecho.
En este momento pre-electoral me resulta dificil hacer una valoración que vaya más allá. Pese a lo que algunos piensan, entre mis objetivos "políticos" no se encuentra el infligir daño electoral a Ezker Batua (de hecho de esa organización política me separa lo mismo que del resto, esto es, el partidismo y el electoralismo). Entiendo que a esa formación política le haga falta remitir este texto al parlamento, pero creo que en poco ayuda tanto a sus futuros resultados electorales como al intento de llevar el derecho a la vivienda a otros parámetros.
Por todo ello, ni apoyo este proyecto de ley ni me alegro de que se haya remitido al parlamento.
[Por cierto, mañana comparecen dos compañeras ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento Vasco para presentar las conclusiones de la Jornada por el Derecho a la Vivienda que celebramos el 10 de Noviembre en Bilbao, aqui os las dejo por si las queréis ojear]